En España hay 4,3 millones de personas con discapacidad, el 9 % de la población, de las que el 60 % son mujeres y el 60 % personas mayores de 65 años. La cuarta parte de ellas viven en el mundo rural. Este colectivo sufre discriminaciones y exclusión social en el ejercicio de sus derechos, en su más amplio sentido. La movilización de las personas con discapacidad, la progresiva maduración de la sociedad civil y la perspectiva de discapacidad en las políticas sociales, han permitido ir avanzando hacia una mejora, aún incompleta, de su situación en el ejercicio de una plena ciudadanía. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España en 2008, ha propiciado la aplicación de políticas sociales basadas en el principio de no discriminación de los derechos de este colectivo. En este contexto y desde hace décadas el CERMI, que agrupa a 19 plataformas territoriales y 8.000 organizaciones, promueve las políticas y acciones que impulsen la visibilidad social de las personas con discapacidad, su participación social, el reforzamiento del diálogo social y el avance, mediante el Derecho y Política, de todas aquellas acciones, programas y políticas sociales que permitan avanzar hacia la plena ciudadanía.