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Cristóbal Molina Navarrete 
Hacia un trabajo autónomo de calidad que se equipare a los derechos laborales del asalariado: ¿derechos en serio o ensoñación de la Estrategia nacional de impulso del trabajo autónomo? Cuando las estrategias y normas se marcan promover «trabajo de calidad», tendemos a pensar en el empleo asalariado. Sin embargo, la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de empleo (LE), también incluye, cierto que con menor intensidad y mayor vaguedad, el empleo autónomo. De ahí que el «nuevo» marco legal, menos innovador de lo que se dice (este número incluye un estudio completo de la profesora Pilar Conde) y, desde luego, bastante menos de lo deseable para corregir las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y de sus políticas activas (vid. la Orden TES/1077/2023, de 28 de septiembre, por la que se establecen, en el ámbito competencial del Servicio Público de Empleo Estatal, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de políticas activas de empleo previstos en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo), incluya, como «servicio garantizado» para la mejora del acceso a un «(auto)empleo decente y de calidad» de las personas demandantes de servicios de empleo, entre otros, la elaboración de un «plan personalizado» relativo al «autoempleo con garantías» (art. 56.1 LE), sea autónomo, sea de economía social.
