Acceso usuarios
Pablo Alejandro Leyes
Objetivo: comparar la accesibilidad peatonal de los con-sultorios adyacentes a farmacias con la de los consulto-rios públicos de los centros de salud y con los consulto-rios privados convencionales de atención primaria en la ciudad de Hermosillo. Metodología: se utilizó estadís-tica espacial descriptiva y el método E2SFCA de acce-sibilidad espacial. Resultados: la población con inacce-sibilidad peatonal a los consultorios públicos (73.3%) fue siete veces mayor que la población con inaccesibili-dad peatonal a los consultorios adyacentes a farmacias (11.3%) y cuatro veces mayor que la de los consultorios privados convencionales (44.6%). Limitaciones: solo se consideró la movilidad peatonal. Valor: no se cono-ce otro estudio comparativo de estos servicios desde la perspectiva espacial. Conclusiones: las estrategias de localización que adoptaron los servicios públicos y pri-vados convencionales influyeron en la accesibilidad pea-tonal limitada que aprovecharon los consultorios adya-centes a farmacias. El Estado debe garantizar la calidad de la atención de estos últimos establecimientos y exigir que cumplan con la obligación de reportar aquellas en-fermedades que sean de notificación obligatoria.
Objective: Comparing the pedestrian accessibility of pharmacy-adjacent doctors’ offices with public primary healthcare facilities, and private doctor’s offices. Me-thodology: Spatial descriptive statistics and the E2SFC method were used. Results: The population with inac-cesibility to public services (73.3%) was seven times higher compared to pharmacy-adjacent doctors’ offices (11.3%) and four times higher for conventional private services (44.6%). Limitation: Only pedestrian mobility was considered. Value: There is no knowledge of com-parative studies of these health services from the spatial perspective. Conclusions: The location strategy adopted by the public and conventional private health services has produced on a limited pedestrian accessibility that the pharmacy-adjacent doctors’ offices business model takes advantage of. The State must guarantee the quality of healthcare in these establishments and demand that they comply with the notification obligations for disease surveillance
