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En este estudio se analizan las cinco ejecutorias con las que se estableció la jurisprudencia que nos lleva a afirmar que su correcto alcance debe ser el de considerar improcedente el juicio de amparo contra el nombramiento del cargo de Rector, cuando la ley de creación de la universidad contemple la facultad de un órgano interno para efectuar dicha designación y, por tanto, no se deberá establecer la causal de improcedencia si la facultad no sólo no se contempla, sino que se prevea al voto libre, secreto y directo de la comunidad universitaria como fuente para la elección de la referida autoridad.
