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Jorge Witker Velásquez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúa el caso, destacando que la obra fue impuesta sin garantizar participación efectiva de los afectados, poniendo en riesgo su derecho a un ambiente sano. Además, la sentencia subraya que, aunque la construcción y operación de la presa cumplen con normativas ambientales existentes, se omite la consulta a la comunidad de Bacánuchi, como lo exigen tanto la legislación nacional como los tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, la sentencia reconoce la vulneración de estos derechos por parte de SEMARNAT, estableciendo un precedente significativo en la convergencia del derecho a un ambiente sano y el derecho a la participación pública en asuntos ambientales. La resolución destaca la responsabilidad de las empresas mineras en prevenir y reparar daños ambientales, reforzando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por proyectos de minería.
