Se analiza el acceso de quien se halla privado de libertad a las publicaciones y a la información, que no cuenta hoy en día con los mismos parámetros de consideración de un «derecho», como lo era en el año 1979. Tras la incorporación a los clásicos medios de comunicación de internet y de las redes sociales —vedados en prisión— se genera una «desocialización» ajena a los fines constitucionales y legales. Se analizan, asimismo, los límites al ejercicio del derecho y alternativas para el acceso seguro a las nuevas tecnologías evitando la brecha digital que el encarcelamiento puede tener en el recluso.