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Laura Rivera Revelo
, Elizabeth Rivera Revelo, Mario Alexander Rivera Revelo
El presente artículo evidencia, a través de un estudio de caso, los desafíos jurídicos y sociopolíticos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos de la población en situación de migración irregular, particularmente los derechos humanos de las mujeres, adultas, adolescentes y niñas (MAAN) para evitar la reproducción de las desigualdades sociales, la feminización de la pobreza y la ampliación de las brechas de género. El análisis se enfoca en un contexto globalizado que no deja de ser patriarcal y en el cual, las mujeres migrantes que se encuentran en el “desenmarque normativo” suelen ser potenciales víctimas de diferentes tipos de violencias sexuales basadas en el género (VSG). Además, demuestra cómo la priorización de un tratamiento punitivo de fenómenos sociales como la migración irregular, tiene como consecuencia inmediata la marginación social y económica de las víctimas del tráfico ilegal, precariedad que empuja particularmente a las mujeres a otros riesgos como el ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución forzada o explotación laboral. La base empírica de este artículo es el resultado de la sistematización de información obtenida en diferentes proyectos de capacitación y acompañamiento jurídico dirigidos a población venezolana en situación de migración irregular en el municipio de Ipiales y desarrollado por la Corporación Guasimí.
This article evidences through a case study, the legal and sociopolitical challenges that States have to guarantee the human rights of irregular migrants, particularly the human rights of women, adults, adolescents and girls to avoid the reproduction of social inequalities, the feminization of poverty and the widening of gender gaps. The analysis focuses on a globalized context that is still patriarchal and in which female migrants who are in the “regulatory gap” use to be potential victims of different types of gender-based and sexual violence (GBSV). In addition, it demonstrates how prioritizing a punitive treatment of social phenomena such as irregular migration, has as an immediate consequence the social and economic marginalization of the victims of illegal trafficking, a precariousness that particularly pushes women to other risks such as being victims of trafficking of people with fines for sexual exploitation, forced prostitution or labor exploitation. The empirical basis of this article is the result of the systematization of information obtained in different training and legal support projects aimed at the Venezuelan population in an irregular migration situation in the municipality of Ipiales and developed by the Guasimí Corporation.
