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Conforme crece el número de víctimas de los combates en Ucrania sin que ninguna de las partes en conflicto tome la delantera, Kiev encuentra dificultades para reclutar voluntarios a los que enviar al frente. Ante las demandas populares de justicia, el Gobierno hace alarde de su política anticorrupción mientras acelera el desmantelamiento del estado del bienestar y los sindicatos. Nos sumergimos en un país en guerra donde los mutilados contratan a abogados para reclamar una pensión y a los desplazados se les ofrece realizar sus gestiones administrativas desde sus móviles.
