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Se plantea en el ámbito de la relación laboral de penados en Instituciones Penitenciarias, si el procedimiento de despido permite examinar tanto el cese acordado por la Administración empleadora como las consecuencias anudadas a la obligación de readmisión incluyendo los eventuales daños y perjuicios, inicialmente iguales a los salarios dejados de percibir. Y ello cuando la Administración ha puesto término a la prestación de servicios y se anula judicialmente tal decisión extintiva.
