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Julio V. González García 
Las empresas públicas aúnan dos elementos: riesgo económico de la operación y generación de riqueza pública. Lo primero está ínsito en cualquier actividad empresarial, también en la pública. No hay ninguna seguridad de que una actividad salga bien. Lo que hay que arbitrar son los mecanismos para que las bases sean razonables, y que se articulen sobre un plan de negocio, complementado con su Legal Business Case, que le proporciona la mejor forma jurídica. Ni uno ni otro están en la Ley 40/2015. La legislatura que empieza debería ser la de la reconfiguración del régimen jurídico del sector público empresarial. Es necesario superar una visión hacendística de control del gasto público y sustituirla por otra que siente las bases de un sector público empresarial fuerte, en el cual se garantice una autonomía suficiente de gestión.
