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Santiago Salvador Gimeno
Los efectos derivados del cambio climático (inundaciones, elevación del nivel del mar, sequías, fenómenos extremos), así como sus consecuentes impactos económicos, sociales y sobre la salud y la vida de las poblaciones (pérdida de cultivos, de medios de vida y de agua potable, enfermedades) están forzando a numerosas personas a abandonar sus hogares. Así, diversos ciudadanos de Kiribati y Tuvalu, huyendo de los efectos negativos del cambio climático, han tratado de encontrar protección y asilo en otros países, como en Nueva Zelanda y Australia, buscando amparo en la Convención sobre el estatuto de los refugiados (también conocida como Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951) y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (adoptado el 16 de diciembre de 1966), llegando hasta los Tribunales y ante el Comité de Derechos Humanos. Sin embargo, la mayoría de ellos ha visto desestimadas sus pretensiones. En base a ello nos preguntamos: ¿Son suficientes los mecanismos jurídicos existentes basados en el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho ambiental para abordar el problema de las migraciones climáticas? De esta pregunta de investigación de lege data, partiendo de la hipótesis de la insuficiencia de los regímenes jurídicos existentes, planteamos una segunda cuestión de lege ferenda: ¿qué herramientas jurídicas podrían adoptarse para brindar respuestas a estos desplazamientos forzados? Para ello se analizan las fortalezas y debilidades de las diferentes soluciones que pueden implementarse para abordar esta problemática, bien adaptando la normativa internacional ya existente en materia de medio ambiente y de derecho humanitario, bien implementando nuevas medidas que van desde la aprobación de nuevos tratados internacionales multilaterales, regionales y bilaterales ad hoc complementados con mecanismos de soft law.
The effects derived from climate change (floods, sea level rise, droughts, meteorological extreme events), as well as their socio-economic impacts with incidence in livelihoods, health and life of populations (loss of crops, livelihoods, and drinking water, diseases) are forcing many people to leave their homes. Thus, several citizens of Kiribati and Tuvalu, fleeing these negative effects of climate change, have tried to seek protection and asylum in other countries, such as New Zealand and Australia under the umbrella of the Convention Relating to the Status of Refugees (also known as the Geneva Convention of 28 July 1951) and The International Covenant on Civil and Political Rights (adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966), reaching the Courts and the Human Rights Committee. However, the majority of these complaints have been dismissed. After these experiences, we ask ourselves: Are the existing legal mechanisms based on humanitarian law, human rights and environmental law sufficient to address the problem of climate migration? Based on this de lege data research question, starting from the hypothesis of the insufficiency of existing legal regimes, we pose a second de lege ferenda question: which legal tools could be adopted to provide answers to this forced displacement? For this, the strengths and weaknesses of the different solutions that can be implemented to address this problem are analyzed, either by adapting the existing international regulations on the environment and humanitarian law, or by implementing new measures that range from the approval of new international multilateral, regional and bilateral ad hoc treaties complemented by soft law mechanisms.
