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El derecho a votar en España es una pieza clave de su sistema democrático, respaldado por la Constitución Española de 1978. Este derecho, reconocido en el artículo 23 de la Constitución, permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas, ya sea directamente o mediante la elección de representantes en elecciones periódicas por sufragio universal. La Ley Orgánica 5/1985 regula el procedimiento electoral, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los votantes. El derecho a votar tiene importantes implicaciones, como la representatividad en el Congreso y los parlamentos autonómicos, la legitimidad del sistema político, la participación ciudadana mediante consulta y la capacidad de influir en el cambio político. Sin embargo, enfrenta desafíos, incluido el debate sobre la independencia regional, con líderes independentistas como Oriol Junqueras abogando por vías no constitucionales.
