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Javier Nistal Burón
El derecho penitenciario, como normativa reguladora de la actividad de una Administración pública, como es la penitenciaria, tiene cierta naturaleza administrativa, rigiéndose, en algunos aspectos, por unos principios similares a los del derecho administrativo, siendo uno de estos principios el de la «ejecutoriedad», de sus actos, lo que conforma la institución jurídica de la «ejecución forzosa», en los términos regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Uno de los mecanismos jurídicos previstos, legalmente, para materializar esa ejecución forzosa, lo constituye la llamada «compulsión sobre las personas», que en el derecho penitenciario recibe el nombre de «medios coercitivos» y que no es otra cosa que la utilización de la fuerza física para hacer cumplir una decisión administrativa que el administrado no quiere acatar voluntariamente.
