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Ana Fernández Pérez
La fuerte afluencia de solicitantes de asilo en los últimos años en la Unión Europea ha puesto claramente de manifiesto las deficiencias del Sistema Europeo Común de Asilo. La UE sigue siendo uno de los principales destinos de los flujos migratorios de todo el mundo, pero muestra una situación jurídica inestable reflejo de una marcada falta de coordinación entre los Estados miembros a pesar de los numerosos esfuerzos realizados desde 2016. El penúltimo paso se ha producido el 8 de junio de 2023, cuando los Ministros de Interior de la UE se reunieron en Luxemburgo para discutir recortes masivos en la normativa europea de refugiados y acordaron una posición común sobre dos elementos centrales del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo: la introducción obligatoria de procedimientos fronterizos y un mecanismo de solidaridad lleno de lagunas. El acuerdo se basa en el pretendido consenso de los Estados de la UE de que la defensa y el aislamiento tienen prioridad y en la verificación de si están dispuestos a mantener el Estado de Derecho respetando la protección de los refugiados y los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto de reforma no parece adecuado para este fin.
The heavy influx of asylum seekers in recent years in the European Union has clearly exposed the shortcomings of the Common European Asylum System. The EU remains one of the main destinations for migratory flows from around the world, but reflects an unstable legal situation reflecting a marked lack of coordination between Member States despite numerous efforts since 2016. The penultimate step came on 8 June 2023, when EU interior ministers met in Luxembourg to discuss massive cuts in European refugee rules and agreed on a common position on two central elements of the EU Pact on Migration and Asylum:
the mandatory introduction of border procedures and a solidarity mechanism full of loopholes. The agreement is based on the purported consensus of EU states that defence and isolation have priority and on the verification of whether they are willing to uphold the rule of law while respecting refugee protection and human rights. However, the reform project does not seem fit for purpose.
