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La quinta ley española sobre residuos, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha incorporado una serie de novedades que afecta a la extensión y a la forma de ejercitar las competencias locales en materia de residuos.
Este trabajo analiza esas novedades agrupándolas en función de los instrumentos jurídicos que tienen los municipios para lograr los objetivos de la jerarquía de residuos y la economía circular: los servicios públicos de gestión de residuos y las tasas; las Ordenanzas, los Programas de Gestión de Residuos, las obligaciones de resultado que les impone la nueva ley y los instrumentos económicos, entre los que destaca la contratación pública como instrumento esencial para avanzar en la consecución de la jerarquía de residuos e impulsar la transición a una economía circular.
