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La entrada en vigor del Convenio de Estambul en España en agosto de 2014 marcó un hito en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres, comprometiéndose a prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Sin embargo, debido a problemas en la aplicación de la legislación sobre delitos sexuales, se realizó una reforma en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 10/2022, que eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual y estableció una regla para la valoración del consentimiento de la víctima. La reducción de las penas mínimas y la fuerte problemática producida por la regla de la aplicación retroactiva de la norma penal favorable generaron controversias, lo que llevó a la aprobación de la Ley Orgánica 4/2023, que sancionó de manera más severa las agresiones sexuales con violencia, intimidación o sobre víctimas cuya voluntad había sido anulada, reforzando así la protección de las víctimas en casos de agresión sexual.
