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En los últimos meses la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha dictado diversas sentencias que han declarado que los criterios orientadores de honorarios, publicados por determinados colegios de abogados, serían contrarios a la normativa de competencia. Esta situación impide que se puedan seguir utilizando estos baremos para cuantificar los honorarios de los abogados, y sienta un precedente que puede afectar a otros baremos y, por extensión, al sistema de cálculo de costas procesales que, hasta ahora, teníamos en la jurisdicción española. De este modo, se ha suscitado un interesante debate acerca de las consecuencias prácticas que estos pronunciamientos de la Sala 3ª pueden conllevar en nuestro sistema legal, así como cuál sería la solución más acertada para solventar la incertidumbre generada en materia de costas. Por lo tanto, en este artículo se abordarán (i) las razones que han llevado al Tribunal Supremo a dictar las sentencias (ii) las consecuencias prácticas que las sentencias pueden tener en nuestro ordenamiento jurídico, y (iii) posibles alternativas para acometer la reforma de nuestro sistema de cuantificación de costas, teniendo en cuenta los criterios hasta ahora establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Criterios de honorarios, colegios de abogados, costas procesales, principio de resarcimiento, principio de seguridad jurídica, Estatuto General de la Abogacía, TJUE, Tribunal Supremo, Cipolla, Eurosaneamientos, CHEZ Elektro Bulgaria
