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Livina A. Fernández Nieto
El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia contenía una serie de reformas destinadas a modificar la LRJS con el fin de optimizar los recursos disponibles y agilizar la resolución de los procedimientos. Entre ellas, articuló en un nuevo precepto (art. 86 bis) un pleito guía que se tramitaría con carácter preferente: el llamado procedimiento testigo; e introdujo un trámite procesal por el que los efectos de la sentencia dictada en el pleito testigo, una vez firme, se extendieran a otras personas cuyos procedimientos se hubiesen suspendido por encontrarse en una situación individual sustancialmente idéntica a la reconocida por la sentencia firme del procedimiento testigo (art. 247 ter).
Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales frenó la aprobación definitiva de la ley y los proyectados artículos no fueron incluidos en la reforma procesal laboral que ha traído consigo el RD-ley 5/2023, de 28 de junio, que regula en el art. 225 bis de la LRJS el denominado recurso de casación testigo, que se tramita y resuelve en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
