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Alexandre Soveral Martins
La reciente transposición en Portugal de la Directiva 2019/1023 (Directiva de Reestructuración e Insolvencia) a través de la L 9/2022 y la transposición en España, así como la preparación de una nueva Directiva, justifican analizar en qué medida los textos ya disponibles contribuyen a la defensa del Derecho al Trabajo y del Derecho a la Iniciativa Económica. Algunas soluciones apuntadas por la Directiva 2019/1023 ponen de manifiesto las preocupaciones mencionadas. Se refieren a la protección de los créditos de los trabajadores en caso de suspensión de las medidas de ejecución, la información y consulta de los representantes de los trabajadores, el contenido del plan de reestructuración y el tratamiento de los derechos de los trabajadores en general en el régimen preventivo de reestructuración. La transposición de la Directiva 2019/1023 también plantea cuestiones interesantes en relación con la protección del Derecho de Iniciativa Económica. En particular, la condición de deudor no privado y el derecho a activar la aplicación del régimen de reestructuración preventiva o a presentar un plan de reestructuración preventiva.
The recent transposition in Portugal of Directive 2019/1023 (Restructuring and Insolvency Directive) through L 9/2022 and the transposition in Spain, as well as the preparation of a new Directive, justify analysing to what extent the texts already available contribute to the defence of the Right to Work and the Right to Economic Initiative. Some of the solutions suggested by Directive 2019/1023 highlight the above-mentioned concerns. They concern the protection of workers' claims in the event of suspension of implementing measures, the information and consultation of workers' representatives, the content of the restructuring plan and the treatment of workers' rights in general in the preventive restructuring regime. The transposition of Directive 2019/1023 also raises interesting issues in relation to the protection of the right of economic initiative. In particular, the status of non-private debtor and the right to trigger the application of the preventive restructuring regime or to submit a preventive restructuring plan.
