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Víctor Martínez Patón
os gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 dieron lugar al que probablemente sea el proceso penal más importante de la democracia española. Aunque su fuero natural era la jurisdicción española, con la competencia del Tribunal Supremo para el caso de los miembros del gobierno regional y de la mesa del parlamento catalán, circunstancias en principio extrajurídicas han provocado que una parte importante del devenir procesal de esta causa haya tenido como centro decisorio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta la fecha dos han sido las sentencias clave que se han dictado en el TJUE, como consecuencia de sendos conjuntos de cuestiones prejudiciales presentadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La primera de ellas (C-502/19) resolvió fundamentalmente cuál es el momento en que un electo adquiere la condición de eurodiputado, y la segunda (C-158/21) en la que el Tribunal de Justicia resuelve dudas planteadas sobre las euroórdenes como consecuencia de la denegación por parte Bélgica de una entrega basada en la hipotética falta de competencia del Tribunal Supremo. A ellas se añade una tercera dictada por el TGUE (T-272/21) en relación con la pérdida de inmunidad de los europarlamentarios.
