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Manuel Ortiz Fernández
En el marco de la pandemia de la Covid-19 se aprobaron diversas disposiciones que, en la práctica, suspendieron (o limitaron) derechos fundamentales de los ciudadanos. La situación de emergencia sanitaria provocó la declaración del segundo estado de alarma desde la aprobación de la Constitución Española. Sin embargo, a pesar de que parece que los debates se encuentran superados, la supresión del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público ha puesto de manifiesto que todavía existen cuestiones a las que ofrecer una respuesta jurídica. Por ello, en el presente estudio analizaremos la habilitación legal (estatal, autonómica y local) para tratar de esclarecer la adecuación de la mencionada decisión.
In the context of the Covid-19 pandemic, several provisions were adopted that, in practice, suspended (or limited) citizens' fundamental rights. As a result, the health emergency situation caused the declaration of the second state of alarm since the approval of the Spanish Constitution. However, although the debates seem to be over, the abolition of the mandatory use of a mask on public transport has shown that there are still questions to offer a legal answer. Therefore, in this study, we will analyze the legal authorization (state, regional and local) to clarify the adequacy of the decision above.
