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La emergencia del Estado ambiental de derecho ofrece un nuevo escenario con respecto a la función judicial, la cual, lejos de limitarse a aplicar las normas de manera mecánica, es activa y cuenta con poderes normativos amplios. Esta caracterización invita a reflexionar sobre dos problemas en particular: por un lado, una amplia libertad del juez puede llegar a ser un riesgo para la institucionalidad del derecho y el esquema de división de poderes; por el otro, puede vulnerar las garantías constitucionales de los ciudadanos.
El propósito de este trabajo es discutir estos problemas. Se buscará argumentar a favor de la tesis de que las prácticas judiciales proactivas caerían prima facie en un activismo justificado siempre que se respeten ciertos límites (procesales y relativos a la organización estatal) y exista un compromiso serio con los derechos humanos, la defensa del bien colectivo del ambiente y la realización de la justicia ambiental.
The emergence of the environmental rule of law offers a new scenario regarding the judicial function. In this sense, the judge, far from limiting itself to mechanically applying the rules, is active and has broad normative powers. This characterization encourages us to seriously think about two problems in particular: on one hand, wide judicial freedom can become a risk for the institutionality of law and the power division scheme; on the other, it can violate the citizensʼ constitutional guarantees.
This paper aims to discuss those two problems. It will seek to argue in favor of the thesis that proactive judicial practices would fall prima facie into justified activism as long as certain limits are respected (procedural and related to the state organization) and that there is a serious commitment to human rights, the defense of the collective good of the environment, and the realization of environmental justice.
