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Aida Vega Felgueroso
La legislación de costas ha estado caracterizada por las tensiones ejercidas por dos intereses contrapuestos: la protección de unos terrenos que son demaniales por expreso mandato constitucional y los derechos de los particulares. La Ley de 1988 y sus sucesivas reformas de 2013 y 2021 han articulado complejos sistemas de concesiones con prórrogas cuya duración y cómputo han planteado todo tipo de dudas. Llamado recientemente a pronunciarse sobre una concesión histórica (la de la papelera ENCE), el Tribunal Supremo se ha declarado favorable a la extensión de la prórroga por un tiempo muy superior a los setenta y cinco años de las concesiones ordinarias.
