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El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local (RCIL), ha supuesto una importante novedad, al armonizar los procedimientos, alcance y técnicas a emplear en el control interno de las entidades del Sector Público Local con las empleadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al incorporar en el ámbito del control interno local cambios significativos. No obstante, transcurrido un lapso de tiempo desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2018, se plantea la duda de si las entidades locales han llegado a implantar todas estas nuevas medidas. El Tribunal de Cuentas, en el Informe de fiscalización relativa a la organización y los resultados del control interno, así como a las actuaciones de control financiero de los ayuntamientos, ejercicio 2020, analiza el grado de implantación en los ayuntamientos de las medidas previstas en el RCIL.
