En la mayoría de los casos, los defectos e irregularidades en el procedimiento de contratación pública derivan de la deficiente gestión y de su posible relación con la corrupción. La gestión sistemática del riesgo, incluyendo la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento, se ha demostrado en la práctica como una herramienta útil para los órganos gestores. El impulso de esta «nueva forma» de gestionar se ha visto reforzada por las exigencias normativas derivadas de los Fondos Next Generation EU y la obligación de aprobar planes de medidas antifraude.