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En los últimos años, el Estado argentino ha tomado las desigualdades de género y en especial la violencia, como asuntos relevantes en su agenda de políticas públicas. Las universidades, por su parte, también han incorporado capacitaciones y talleres en torno a género, perspectiva de género y violencias de patriarcales, en el marco de la Ley Micaela. Así también, han sancionado protocolos de acción frente a situaciones de violencia en sus ámbitos institucionales. Todo ello, no obstante, no ha erradicado las desigualdades sexogenéricas ni los mecanismos violentos, racistas y clasistas que reproducen las casas de estudios. En este ensayo, las preguntas que surgen giran en torno a los alcances y limitaciones de estos mecanismos encargados de legislar en el ámbito universitario en el marco de un sistema punitivista que conserva vicios de la justicia patriarcal.
In recent years, the Argentine State has taken gender inequalities and especially violence, as relevant issues in its public policy agenda. Universities, for their part, have also incorporated training and workshops on gender, gender perspective and patriarchal violence, within the framework of the Micaela Law. They have also sanctioned action protocols to deal with situations of violence in their institutional environments. All this, however, has not eradicated sex-gender inequalities or the violent, racist and classist mechanisms reproduced by the houses of studies. In this essay, the questions that arise revolve around the scope and limitations of these mechanisms responsible for legislating in the university environment within the framework of a punitivist system that preserves the vices of patriarchal justice.
