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Una empresa solicita a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para la modificación del contrato al amparo de los artículos 205 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la vista de los nuevos costes en los que había incurrido como consecuencia de la pandemia y de las distintas normas dictadas para hacer frente a la misma. Señala que la pandemia entraría en la categoría de «circunstancias sobrevenidas imprevisibles», teniendo en cuenta la fecha del contrato y la declaración del estado de alarma, sin que la modificación pretendida implique la alteración de la naturaleza global del contrato, ni exceda del 50%
