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Álvaro San Martín Rodríguez
La inversión de la carga de la prueba se funda en la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba. La justificación de esta medida está en la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales. En el presente artículo se recoge, a través de una sentencia del Tribunal Supremo, la síntesis de esta doctrina judicial y los principales requisitos exigidos para su aplicación.
