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El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre el órgano competente en los municipios de régimen común para aprobar la revisión de oficio de actos administrativos decidiendo a favor del Pleno de la Corporación, cerrando así un largo debate doctrinal de importante relevancia práctica. No obstante, la sentencia del Alto Tribunal puede ser objeto de crítica tanto por su falta de claridad y debilidad de argumentación, como por el sentido final del fallo. En consecuencia, el presente trabajo pretende ser una nueva advertencia contra los excesos de la creación judicial de Derecho en perjuicio de los principios de legalidad y de seguridad jurídica que son base del Estado de Derecho.
