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La decisión de amnistiar a todos los implicados judicialmente por los actos delictivos realizados para separar a Cataluña de España puede discutirse desde el punto de vista político; pero jurídicamente requiere una previa reforma de la Constitución para que admita la amnistía porque esta manifestación de la clemencia estatal no se puede considerar un ejercicio de la potestad legislativa ordinaria y sí una excepción al monopolio jurisdiccional de jueces y tribunales que solo puede adoptar la Ley de Leyes de forma expresa. Lo que no se quiso incluir en 1978 en la Constitución por la puerta de las enmiendas, no se debe incluir ahora por la ventana de una ley especial para un prófugo.
