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La reforma de la Constitución Argentina sancionada en 1994 significó el reconocimien-to del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desa-rrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades actuales, sin comprometer las de las generaciones futuras. En línea con este derecho, el Estado argen-tino ha adherido y cumplido estos principios ambientales fundamentales, y desarrollado acuerdos e instrumentos jurídicos para introducir y potenciar la idea de igualdad de género en materia de protección ambiental. Ha reconocido el papel relevante de las mujeres en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Mediante el análisis de la nor-mativa vigente y de indicadores que dan cuenta de la presencia de mujeres en cargos de ges-tión gubernamental, este artículo muestra una paradójica brecha entre las normas jurídicas y los hechos, en relación con la participación plena y efectiva de las mujeres. Si bien ha habido avances significativos desde 1994 en la promoción e implementación de políticas di-rigidas a la transversalización de la perspectiva de género y diversidad en algunas áreas degobierno, como las Áreas Nacionales Protegidas (Parques Nacionales), aún prevalece la des-igualdad en el acceso de las mujeres a los derechos relacionados con el medio ambiente.
The reform of the Argentine Constitution in 1994 entailed the recognition of the right of all inhabitants to a healthy and balanced environment, suitable for human development and for meeting the needs of the present without compromising the ability of future genera-tions to meet their own needs. In line with this right, the Argentine State has adhered to and complied with these main environmental principles and developed agreements and legal in-struments to introduce and enhance the idea of gender equality in environmental protection issues. It has recognized the critical role of women in the conservation and sustainable use of biological diversity. Through the analysis of current regulations and indicators that account for the presence of women in government positions, this article shows a paradoxical gap between legal rules and facts about women ́s effective and full participation. Although there have been significant advances since 1994 in the promotion and implementation of policies aimed at gender mainstreaming and diversity perspectives in some government areas, such as the National Protected Areas (National Parks), unequal access for women to rights related to the environment still prevails.
