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El artículo aborda la evolución del debido proceso en Bolivia. Inicialmente, desde la Constitución de 1826, se le consideró solo como una garantía jurisdiccional. Sin embargo, su reconocimiento y desarrollo como derecho fundamental se consolidó a partir de la Constitución de 1967 y sus reformas subsiguientes, especialmente con el inicio del contralor constitucional en 1999. La Constitución actual de 2009 lo reconoce tanto como garantía como principio. A pesar de este reconocimiento, en la última década se ha observado una resistencia creciente al acatamiento de fallos que protegen este derecho fundamental.
