Ese artículo propone la noción de situación de amenaza de muerte como una herramienta analítica para una comprensión contextual de la experiencia de colectivos afectados por amenazas de muerte y otros actos de violencia. La producción de esa noción está fundamentada en la investigación etnográfica que he llevado a cabo entre 2016 y 2018 en cinco asentamientos informales y en una comunidad ribereña en el estado de Amazonas (Brasil). Esas localidades se han encontrado involucradas en conflictos territoriales en los cuales los ocupantes viven bajo la permanente amenaza de expulsión forzosa de la tierra. Se propone una triple perspectiva de análisis: lingüística, psicosocial y jurídica. Los significados atribuidos a las categorías de violencia y amenaza; y sus afectaciones psicosociales con enfoque en los sujetos colectivos fundamentan el contrapunto entre los usos del derecho penal referentes a los delitos de amenaza y de intimidación y los dispositivos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Como conclusión, se observa la disyunción entre esos instrumentos legales y la realidad vivida en el contexto estudiado.
This article proposes the notion of a death threat situation as an analytical instrument for a contextual understanding of the experience of collectivities affected by death threats and other acts of violence. This notion devising is based on the ethnographic research that I carried out between 2016 and 2018 in five informal settlements and in a ribereña (riverside) community in the state of Amazonas (Brazil), localities absorbed in territorial conflicts where the occupants live under the permanent threat of forced expulsion from the occupied land. A triple analytical perspective is proposed: legal, linguistic, and psychosocial. The meanings attributed for the categories of violence and threat; and their psychosocial effects with a focus on the collective subjects establish the counterpoint between the uses of criminal law regarding crimes of threat and intimidation, and the existing dispositive for the protection of human rights defenders at risk. As a conclusion, it is observed the disjunction between these legal instruments and the reality experienced in the context studied.