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Isabel Rodríguez Martínez 
El modelo de financiación participativa ha sido objeto en los últimos años de una profunda armonización europea a través del Reglamento (UE) 2020/1503 y su adaptación tras la Ley 18/2022. A la par, el legislador comunitario ha operado también una reforma legislativa muy ambiciosa a nivel comunitario sobre los servicios digitales, en este caso mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercado único de servicios digitales (DSA), que se aplica a todos los prestadores de servicios de intermediación en línea, entre ellos, a las plataformas de financiación participativa en tanto que prestadoras del denominado servicio de financiación participativa. A la vista de estas profundas reformas y su impacto en el sector, resulta especialmente interesante realizar un análisis integral de las novedades introducidas sobre el modelo a nivel sectorial y general. El alcance del estudio lo es, en sus objetivos, de máximos. En efecto, se pretende, por un lado, determinar si aquellas responden, y en qué medida o limitaciones, a las necesidades del mercado y facilitan un efectivo instrumento alternativo a la financiación tradicional. De otro lado, se pretende vislumbrar si, habida cuenta de la complejidad del fenómeno de la digitalización del servicio de financiación participativa, ambos regímenes, sectorial y general, alcanzan en su totalidad a resolver la problemática jurídica del régimen del servicio de financiación participativa, una vez sometido éste al estándar de conducta debida del prestador de servicios digitales.
