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El artículo analiza los términos en los que el máximo intérprete constitucional se pronuncia sobre el régimen jurídico de la vacunación en España como acto médico, y la posible afectación al derecho a la integridad personal (art. 15 CE) cuando ésta se administra sin consentimiento de la persona afectada. Y, todo ello, en el marco del estudio de un recurso de amparo planteado frente a dos resoluciones judiciales, a saber: (1) Auto de 26 de noviembre de 2021, del Juzgado de Primera Instancia de Telde, y (b) Auto de 1 de abril de 2022, de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, que desestima el recurso de apelación, a través de los cuales se autoriza judicialmente proceder a la vacunación de una persona aquejada de Alzheimer a pesar de la oposición de la persona tutora legal. El artículo intenta dilucidar en qué supuestos cabría la administración de la vacuna no consentida, así como su marco jurídico habilitante. Con carácter más amplio el análisis intenta reflexionar sobre el sustento constitucional de la vacunación no consentida como medida restrictiva del derecho a la integridad personal en un contexto pandémico.
