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El Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos entró en vigor en España el 1 de enero de 2002 y se implantó en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica. El principal objetivo de este trabajo ha sido el análisis de la compatibilidad de este nuevo tributo con la normativa comunitaria. Nos hemos centrado en el estudio de la Directiva Comunitaria 92/12/CEE, del Consejo, en lo referente a dos conflictos surgidos: la finalidad específica del impuesto, y la diversidad de tipos de gravamen. En nuestra opinión es necesario que el impuesto, además de estar afecto a un fin concreto, sirva como instrumento extrafiscal. Creemos también que deberían fijarse criterios objetivos en todo el ámbito nacional para el establecimiento del tipo de gravamen autonómico de este nuevo tributo.
