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Margarita Parajó Calvo
La aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha incorporado la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, conocida como «Directiva Whistleblowing». La nueva ley establece la obligación general para el conjunto del sector público, y para las entidades locales en particular, de disponer de un canal interno para la recepción de comunicaciones sobre infracciones normativas. En el presente estudio se ofrece un análisis sistemático de la regulación de dichos sistemas internos de información y así conocer los requisitos para su adecuada implantación.
