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José María Porras Ramírez 
Este trabajo parte del planteamiento de que se ha asumido contemporáneamente, por influencia de la Ciencia Política, un modelo dualista de separación de los poderes, que se limita a contraponer el poder político al jurisdiccional. Tal reducción con respecto a la trinidad clásica provoca la confusión de las posiciones respectivas del Parlamento y del Gobierno, como si no fueran órganos dotados de perfiles constitucionales distintos, dado su distinto grado de conexión con el principio democrático. Esto explica por qué el Gobierno, en tanto que institución más ágil y dinámica, que funge como centro de orientación e impulso de la acción estatal, ha adquirido un protagonismo creciente en el desarrollo de las funciones parlamentarias, a costa de devaluar la posición atribuida a las Cortes Generales. Esa preeminencia, muchas veces excesiva, se advierte, hoy, en el ejercicio de la función legislativa y en la de control, a pesar de la situación de fragmentación de la representación política existente en España desde 2016. La alteración del reparto de poder resultante, con respecto al diseño contemplado en la Constitución, ocasiona una merma de las garantías que dispone el Estado democrático de Derecho. Revertir esa situación exige, tanto corregir esas disfunciones, como mejorar sustancialmente las facultades atribuidas al Parlamento. El objetivo último no es otro que contribuir a la mejora de la calidad de la democracia, muy necesitada, siempre, de límites y controles que contengan al poder y aseguren la libertad.
This paper has as its starting point the fact that, due to the influence of Political Science, a dualistic model of separation of powers has been assumed, which is limited to contrasting political power with jurisdictional power. Such a reduction with respect to the classical trinity causes the confusion of the respective positions of the Parliament and the Government, as if they were not bodies endowed with different constitutional profiles, given their different degree of connection with the democratic principle. This explains why the Government, as a more agile and dynamic institution, which serves as the centre of orientation and impulse of state action, has acquired a growing role in the development of parliamentary functions, at the cost of devaluing the position attributed to the Parliament. This pre-eminence, often excessive, is seen, today, in the exercise of the legislative and control functions, despite the fragmented situation of political representation that has existed in Spain since 2016. The resulting change in the distribution of power, with respect to the constitutional design, causes a reduction in the guarantees available to the democratic State of Law. Reversing this situation requires both correcting these dysfunctions and substantially improving the powers attributed to Parliament. The ultimate goal is none other than to contribute to improving the quality of democracy, which is always in great need of limits and controls that contain power and ensure freedom.
