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Andrés Pérez Esquivel
La videovigilancia automatizada y semiautomatizada, con algoritmos de reconocimiento facial y de comportamientos, está generando debates a nivel internacional que son importantes de profundizar sin apresurarnos a conclusiones rápidas, pero tampoco lentas.
A diferencia de otros países de América y de Europa, Argentina, aún en 2020 no cuenta con una ley nacional regulatoria de la videovigilancia clásica y, el distrito más poblado y con más cámaras del país, la Provincia de Buenos Aires, tampoco se ha dado un marco regulatorio integral propio. Los frágiles cimientos institucionales que hacen de puerto de llegada a esta tecnología de punta no deberían ser desatendidos si se quieren evitar efectos negativos, no sólo en la protección de la privacidad, sino también en clave de fortalecimiento del derecho a la seguridad, el motivo que legitima su implementación.
La intención principal de este escrito, enmarcado en el campo de los estudios de vigilancia y las políticas públicas, es aportar elementos desde las Ciencias Sociales para intentar desentrañar algunos nudos conceptuales que, además de generar malentendidos recurrentes, tienen efectos normativos que colaboran en naturalizar ciertas prácticas que deberían requerir mayor detenimiento. Entre ellos podemos mencionar la imprecisa y mecánica asimilación entre vigilancia y seguridad; la efectividad relativa de los sistemas de videovigilancia en función de seguridad y en función judicial; la relación entre los derechos a la privacidad e intimidad con el espacio público; los vínculos entre lo tecno-lógico y lo ideo-lógico; etc. Estos aspectos serán ejemplificados a partir del caso de la implementación de esta tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del análisis documental de normativas y documentos oficiales.
Automated and semi-automated video surveillance, with facial and behavioral recognition algorithms, is generating international debates which are important to delve into without rushing to quick, but neither slow, conclusions.
Unlike other countries in America and Europe, in 2020 Argentina still does not have a national regulatory law for classic video surveillance, and the most populated district with the most cameras in the country, the Province of Buenos Aires, does not have its own integral regulatory framework either. The fragile institutional foundations that receive this advanced technology should not be overlooked if negative effects are to be avoided, not only in the protection of privacy, but also in terms of strengthening the right to security, which is the reason that legitimizes its implementation.
The main intention of this paper, framed in the field of surveillance studies and public policies, is contribute from a Social Sciences perspective to unravel some conceptual knots that, in addition to generating recurrent misunderstandings, have normative effects that collaborate in naturalizing certain practices that require further thought. Among them, we can mention the imprecise and mechanical assimilation of surveillance and security; the relative effectiveness of video surveillance systems in terms of security and judicial functions; the relationship between the rights to privacy and intimacy with public space; the links between the techno-logical and the ideo-logical; etc. These aspects will be exemplified through the case of the implementation of this technology in the City of Buenos Aires, through the documentary analysis of regulations and official documents.
