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Rosa M. González de Patto
Los efectos inclusivos de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el empleo de las personas con discapacidad no son desdeñables, aunque tampoco lo es su potencial lesivo de derechos fundamentales, en particular, el derecho a la igualdad y no discriminación. Estos desafíos hacen necesario un marco regulatorio que aporte un sistema integral y efectivo de garantías frente al impacto discriminatorio de la IA en este colectivo especialmente vulnerable. Recientes iniciativas legislativas: la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la nueva Ley de empleo 3/2023 contienen algunos elementos innovadores en refuerzo de la tutela antidiscriminatoria (preventiva, restitutoria, reparadora y disuasoria) de las personas con discapacidad, si bien su análisis permite detectar importantes lagunas que debilitan su efectividad frente a los efectos lesivos de estos sistemas emergentes. Por ello, resultará esencial una labor jurisdiccional de interpretación y aplicación evolutiva de este arsenal jurídico a la luz de nuestra Carta de Derechos Digitales y del Reglamento europeo de inteligencia artificial (RAI).
