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El personal de Seguridad Privada posee cada vez más relevancia en nuestras sociedades y la propia índole de sus tareas explica que el Estado desee controlarlas. Una de estas manifestaciones viene dada por la necesidad de contar con una habilitación gubernativa para poder desempeñarse como Vigilante de Seguridad Privada. Otra consecuencia viene dada por la incompatibilidad entre ese cometido y la comisión de conductas delictivas. Se discute ahora sobre el modo en que la existencia de una condena penal incide en la privación de esas habilitaciones. La sentencia recurrida sienta tres grandes conclusiones: 1ª) La Administración viene obligada a retirar el permiso cuando existe la condena penal. 2ª) La eventual cancelación de los antecedentes penales no impide que se pierda la habilitación, incluso si sobreviene antes de finalizar el expediente administrativo. 3º) Tras cancelarse los antecedentes penales es posible solicitar una nueva habilitación, pero no queda automáticamente rehabilitada la primigenia. Con ese trasfondo el comentario recuerda las consecuencias que posee la pérdida de la habilitación desde la perspectiva de la relación laboral.
