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Tarragona, España
La primera ley estatal de vivienda en democracia se ha aprobado finalmente en un contexto en el que las políticas de vivienda multinivel no han conseguido solucionar el laberinto del acceso a una vivienda desde el estallido de la crisis financiera internacional en 2008. Al contrario, la obligación de proveer a los ciudadanos de una vivienda digna y adecuada se ha ido delegando progresivamente a los propietarios privados sobre la base de la función social de la propiedad, quienes se ven expuestos a sanciones, expropiaciones, impuestos y otras obligaciones. El presente artículo analiza la regulación del derecho de propiedad privada en la Constitución española y cómo la función social de la propiedad, en conexión con el derecho a una vivienda digna y adecuada y la vertiente institucional del derecho de propiedad, ha sido la base para la configuración de una concepción estatutaria de la propiedad de una vivienda sustraída del régimen general del Código Civil español que ha cristalizado en ley estatal por el derecho a la vivienda. Se concluye sobre lo que ello representa para la libertad individual, la democracia y la propiedad como principal activo económico de los ciudadanos.
The first statal housing law in democracy has been passed in a context in which multilevel housing policies have not been able to solve the labyrinth of access to housing since the outbreak of the international financial crisis in 2008. On the contrary, the obligation to provide citizens with decent and adequate housing has been progressively delegated to private owners based on the social function of property, who are exposed to sanctions, expropriations, taxes and other obligations. This paper analyzes the regulation of the right of property in the Spanish Constitution and how the social function of property, in connection with the right to decent and adequate housing and the institutional aspect of the right of property, has been the basis for the configuration of a statutory conception of this right removed from the general regime of the Spanish Civil Code. This has crystallized in statal law for the right to housing. It is concluded about what this represents for individual freedom, democracy and property as the main economic asset of citizens.
