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Alicante, España
El 27 de octubre de 2022 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Servicios Digitales, una norma que pretende adaptar la regulación de los prestadores de servicios intermediarios a la realidad social y tecnológica de nuestros días. Más allá de las reglas de exención de responsabilidad ya recogidas en la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio Electrónico, el nuevo Reglamento incorpora todo un abanico de obligaciones de diligencia exigibles a las diferentes categorías de prestadores de servicios intermediarios, entre los que destacan las plataformas en línea, un concepto hasta ahora inédito en el Derecho europeo. Dentro de las plataformas en línea, el Reglamento somete a especiales obligaciones de diligencia a aquellas que por su tamaño entrañan un mayor riesgo para la difusión de contenidos ilícitos o nocivos, la propagación de noticias falsas, la incitación al odio o la afectación de procesos electorales, como la realidad se ha encargado de mostrar en los últimos años. La nueva regulación, que será de aplicación en su totalidad a partir del 17 de febrero de 2024, está llamada a tener un impacto considerable en la protección de los derechos de los ciudadanos europeos, pero probablemente sus efectos se extiendan más allá de la Unión Europea. En principio, los prestadores de servicios intermediarios están obligados a cumplir sus normas en el mercado europeo con independencia de cuál sea su lugar de establecimiento o ubicación, sin embargo, la experiencia demuestra que en muchas ocasiones los derechos reconocidos por las normas de la Unión Europea terminan propagándose a otros mercados como consecuencia del denominado “efecto Bruselas”.
On 27 October 2022, the Digital Services Act was published in the Official Journal of the European Union, a regulation that aims to adapt the legal framework of intermediary service providers to today’s social and technological reality. In addition to the liability exemption rules already included in the Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce, the new regulation incorporates a whole range of due diligence obligations applicable to the different categories of intermediary service providers, including online platforms, a concept previously unheard of in European law. The regulation imposes special due diligence obligations to those online platforms which, due to their size, entail a greater risk of disseminating illegal or harmful content, spreading fake news, inciting hatred speech or affecting electoral processes, as reality has shown in recent years. The new regulation, which will be fully applicable from 17 February 2024, is set to have a tremendous impact on the protection of European citizens’ rights, but its effects are likely to extend beyond the European Union. In principle, intermediary service providers are obliged to comply with the new regulation when they operate in the European market irrespective of their place of establishment or location, but experience shows that in many cases European standards end up spreading to other markets as a result of the so-called “Brussels effect”.
