Acceso usuarios
Laura Aliaga Martínez, María Estrella Gutiérrez David 
El derecho de acceso (SAR) se ha venido configurando de forma flexible tanto por la normativa de protección de datos de la Unión Europea, como por la inglesa. Esto, sumado a la elevada litigiosidad y número de reclamaciones que se observa en ambas jurisdicciones, deriva en una multitud de matices interpretativos que deben ser observados en su implementación práctica. Pero no solo eso, las autoridades de protección de datos a nivel europeo y nacional también han ofrecido sus criterios. Por ello, la configuración actual del derecho en la práctica y la que se vislumbra con la futura reforma de la normativa de protección de datos (e identidad digital), refleja claramente los dictados de las fuentes de las que ha nutrido, anteriormente mencionadas. Pero, es más, el régimen del SAR sigue adoleciendo de cierta dosis de vaguedad, necesaria también para evitar su rápida obsolescencia, lo que significa que debe seguir siendo interpretado a la luz de los criterios consolidados por la jurisprudencia europea (pre-Brexit), la inglesa y las autoridades de protección de datos en ambas jurisdicciones. Ahora bien, si el Brexit parecía que iba a cambiar el paso, separándose de lo establecido en la Unión Europea, la realidad de las propuestas planteadas hasta ahora no difieren en gran medida del régimen legal que hasta ahora tenía este derecho.
The right of access has been shaped flexibly by both EU and English data protection laws. This, combined with the high litigation and complaint rates observed in both jurisdictions, leads to a multitude of interpretative nuances that must be given due regard during practical implementation. Moreover, European and national data protection authorities have also provided their insights. Consequently, the current configuration of the right, as well as its anticipated development through future data protection (and digital identity) reform, clearly reflects the influences om the above-mentioned various sources. However, the regime of the right of access still suffers from a certain degree of necessary vagueness to prevent rapid obsolescence, necessitating its interpretation in accordance with the well-established criteria laid down by pre-Brexit European jurisprudence, English jurisprudence, and data protection authorities in both jurisdictions. Although Brexit initially hinted at a departure from EU norms, the proposed bills thus far do not substantially deviate from the existing legal framework governing this right.
