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Barcelona, España
Este artículo analiza la regulación de los procesos de reestructuración empresarial extintivos desde la perspectiva del principio de transición justa. De acuerdo con las directrices aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo o la Recomendación del Consejo Europeo para garantizar una transición justa, es necesaria la intervención de todos los agentes implicados, incluidos los poderes públicos. Tomando como referencia las medidas sociales que deben aprobarse en los procedimientos de despido colectivo y las buenas prácticas que se han apuntado por parte de la Comisión Europea a través del Marco de Calidad para la anticipación del cambio y la reestructuración, el estudio analiza en tres bloques la adecuación del marco legal de los despidos colectivos para dar cumplimiento al principio de transición justa: en un primer bloque se analizan las previsiones sobre las medidas de acompañamiento social y los planes de recolocación externa; en un segundo bloque se tratan las ayudas estatales para las personas afectadas por despidos colectivos; y en un tercer bloque, a modo de ejemplo de casos sectoriales, se estudian el contenido de las normas aprobadas en el sector del carbón, en el contexto de cierre de las minas y centrales térmicas, y en el sector agrícola, con razón de la sequía.
This article analyses the regulation of restructurig processes from the perspective of the principle of just transition. In accordance with the guidelines approved by the International Labour Organisation or the Recommendation of the European Council to guarantee a just transition, the intervention of all the agents involved, including the public authorities, is necessary. Taking as a reference the social measures to be approved in collective redundancies and the good practices pointed out by the European Commission through the Quality Framework for the anticipation of change and restructuring, the study analyses in three blocks the capacity of the legal framework for collective dismissals to comply with the principle of just transition: The first section analyses the provisions on social support measures and outplacement plans; the second section deals with state aid for people affected by collective redundancies; and the third section, in the formo f sectoral cases, examines the content of the rules approved in the coal sector, in the context of the closure of mines and thermal power stations, and in the agricultural sector, due to the drought.
