El fraccionamiento de la contratación con objeto de acogerse al régimen jurídico de los contratos menores constituye un fraude de ley que está siendo penalizado como una modalidad sui generis del delito de prevaricación. Se analiza en el presente artículo los límites cuantitativos y temporales establecidos por la legislación de contratos del Estado y su trascendencia en orden a determinar el tipo del injusto propio de estos delitos.