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Angeles de Palma del Teso
1. El modelo constitucional de protección a los menores. La responsabilidad de la familia y los poderes públicos. 2. El derecho de los menores a la protección pública. 2.1. El estatus o posición jurídica de los menores. 2.2. El derecho de los menores a recibir asistencia y protección de las administraciones públicas. 3. Principios rectores de la actuación pública en materia de menores. 3.1. El alcance general de la protección pública a los menores. El principio de igualdad. 3.2. El interés superior del menor. 3.2.1. El interés superior del menor en nuestro ordenamiento jurídico. 3.2.2. La determinación del interés superior del menor. 3.3. La obligación de escuchar al menor en todas las decisiones que le afecten. La audiencia del menor. 3.4. El principio de integración y reintegración familiar corolario del derecho del menor a vivir y relacionarse con la familia. El carácter gradual y flexible de la intervención administrativa. 3.5. La prioridad presupuestaria. 4. La protección de los menores en situación de riesgo, desamparo y conflicto social. El papel de las administraciones locales. 4.1. Los menores en situación de riesgo. La asistencia y protección a los menores por las administraciones locales. La coordinación con la Administración autonómica. 4.1.1. Caracterización legal de la situación de riesgo. 4.1.2. La actuación administrativa protectora: detección, prevención e intervención socio-familiar. 4.1.3. La Administración competente para actuar en situaciones de riesgo. La colaboración y coordinación interadministrativa. 4.2. Los menores en situación de desamparo. La tutela de las administraciones autonómicas. La colaboración con las administraciones locales. 4.3. La atención a los menores en situación de conflicto social. 4.3.1. Caracterización legal de la situación de conflicto social. 4.3.2. La actuación administrativa protectora-reformadora. Las administraciones competentes. 4.4. A modo de conclusión. La relevancia de la actuación de las administraciones locales en la protección de los menores. 5. El control de la Administración en materia de protección de menores. 5.1. La intervención del Ministerio Fiscal. Las actuaciones procesales y extraprocesales. 5.1.1. Las actuaciones extraprocesales. La función del fiscal de control o vigilancia de la actuación administrativa protectora. 5.1.1.1. El control de las decisiones administrativas en materia de protección de menores. La notificación al fiscal de las resoluciones administrativas. 5.1.1.2. El control de la actividad administrativa protectora. En especial, el control de las funciones tutelares. 5.1.2. Las actuaciones procesales. La impugnación judicial de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y las actuaciones frente a la inactividad de la Administración. 5.1.2.1. La promoción de la modificación, la suspensión o el cese de las medidas administrativas de protección. 5.1.2.2. La actuación del Ministerio Fiscal frente a la inactividad de la Administración. 5.2. La cuestión del orden jurisdiccional competente para conocer los recursos contra las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 5.3. El control de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores por el orden jurisdiccional civil. El procedimiento previsto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
