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El abuso del decreto-ley es una de las manifestaciones más evidentes de la constante degradación o envilecimiento de la producción normativa a la que venimos asistiendo en los últimos tiempos. Aparte de no darse, en buena parte de los casos, la extraordinaria y urgente necesidad que habilitaría para adoptar este mecanismo normativo excepcional, se vulnera el artículo 23 de la Constitución. Ambas transgresiones son legitimadas por el Defensor del Pueblo.
Las cautelas deben ser más necesarias en el caso de los decretos-leyes autonómicos, pues debilitan el régimen parlamentario, porque se impide a las minorías en la Cámara impugnarlos ante el Tribunal Constitucional.
En el presente artículo se examina un caso patológico de abuso del decreto ley, unido a una grosera burla del principio democrático.
