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Fernando Flores Giménez 
Como en muchos otros países, la crisis sanitaria que irrumpió a principios de 2020 provocó en España miles de muertes entre las personas mayores. Muchas de ellas tuvieron lugar en residencias geriátricas. Numerosos estudios e informes han consignado una serie de acciones y omisiones que podrían haber contribuido, cuando no provocado directamente, la grave vulneración de derechos fundamentales de los ancianos residentes. El derecho a la vida, el no sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, la libertad de circulación, el derecho a la intimidad personal y familiar, el trato igual con el resto de la ciudadanía, y otros derechos que, si bien no pueden ser considerados fundamentales desde la perspectiva jurídico-constitucional, sí lo son por configuración legal, entre ellos el derecho a la salud o aquellos derivados de la Ley de Dependencia. Con apoyo en los informes del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía, así como en investigaciones realizadas por organizaciones civiles y periodistas de investigación, este artículo aborda las discriminaciones y abusos más relevantes que durante la crisis sanitaria se han producido en la debida provisión de cuidados a las personas mayores en las residencias
