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Javier Esteban Ríos 
Tradicionalmente, ciertos mercados de contratación pública internacional se han cerrado a los licitadores, bienes y servicios europeos. Ante esta situación, los distintos Estados miembros han articulado sus propias respuestas hasta que, recientemente, la Unión Europea ha decidido ofrecer una reacción común mediante la aprobación del Instrumento de Contratación Internacional, que prevé la aplicación de múltiples medidas restrictivas. Dichas medidas cuentan con un efecto represivo –restringiendo la participación de licitadores, bienes y servicios extranjeros–, pero también pretenden fomentar la reciprocidad y la conclusión de acuerdos internacionales. La regulación de la Unión se vincula a la competencia exclusiva sobre política comercial común y desplaza las normas nacionales preexistentes. Sin embargo, los Estados miembros todavía conservan la posibilidad de incidir indirectamente sobre las licitaciones por medio de la introducción de elementos relacionados con la calidad o el fomento de la responsabilidad social y la protección del medio ambiente.
